Crisis institucionales en 2022: El largo intento de renovación del Tribunal Constitucional.

 

Crisis institucionales en 2022: El largo intento de renovación del Tribunal Constitucional.

La renovación del Tribunal Constitucional es un proceso mediante el cual se lleva a cabo la designación o elección de nuevos miembros para este órgano judicial, encargado de velar por la interpretación y defensa de la Constitución en un país determinado. Los aspectos clave relacionados con la renovación del Tribunal Constitucional:

1. Proceso de selección: El proceso de renovación del Tribunal Constitucional puede variar según la legislación y normativas vigentes en cada país. En algunos casos, los miembros del TC son designados por el poder ejecutivo, mientras que en otros son elegidos por el poder legislativo o por otros órganos del Estado. También puede haber una combinación de varios métodos de selección.
2. Requisitos para ser miembro: Por lo general, los miembros del Tribunal Constitucional deben cumplir ciertos requisitos, como tener una sólida formación jurídica, experiencia profesional relevante y conocimientos especializados en derecho constitucional. Además, es común que se exijan criterios de imparcialidad, independencia y ética en el ejercicio de la función judicial.
3. Duración del mandato: El período de mandato de los miembros del Tribunal Constitucional también puede variar según las normativas del país. En algunos casos, los miembros son designados o elegidos por un plazo fijo, mientras que en otros su mandato puede ser vitalicio o renovarse periódicamente. La duración del mandato puede tener implicaciones en la estabilidad y la independencia del TC.
4. Proceso de renovación: La renovación del Tribunal Constitucional puede implicar la sustitución de todos o algunos de sus miembros, dependiendo de las circunstancias y las normativas aplicables. Esto puede ocurrir en momentos específicos, como al finalizar los mandatos de los miembros actuales, o de manera escalonada a lo largo del tiempo. La renovación puede tener un impacto significativo en su composición, su funcionamiento y en la interpretación y aplicación de la Constitución.
5. Importancia de la renovación: La renovación del Tribunal Constitucional es un proceso de gran relevancia, ya que este órgano juega un papel fundamental en la defensa del orden constitucional, la protección de los derechos y libertades de los ciudadanos, y la salvaguardia del sistema democrático. Una renovación adecuada y transparente del contribuye a garantizar su legitimidad, independencia y eficacia en el cumplimiento de sus funciones.

En resumen, el Tribunal Constitucional en España es un órgano judicial encargado de la interpretación y defensa de la Constitución. Con una composición de 12 magistrados y un proceso de renovación escalonada, en el que juega un papel fundamental en la protección de los derechos y libertades fundamentales, la garantía de la supremacía constitucional y el funcionamiento democrático del país.

Cronología de la renovación.

Desde el 12 de junio de 2022, que expiró el mandato de cuatro de los miembros del Tribunal Constitucional. Estos dos magistrados fueron nombrados por el Gobierno, y los dos que pone el propio Poder Judicial. Esta renovación era determinante, porque permitía un gran cambio en la correlación de las fuerzas del tribunal de garantías, es decir, pasar de una mayoría conservadora a otra progresista.

El 24 de junio de 2022, el propio gobierno impulso una reforma legal para poder desbloquear la renovación. Con los pasillos del Congreso de los Diputados llenos de periodistas, el PSOE, registró una proposición de ley para poder devolver al Poder Judicial la propia capacidad de realizar los nombramientos del Constitucional. Con esta ley en vigor, CGPJ, tenía vetadas las competencias de poder hacer cualquier nombramiento considerado discrecional, con el propio mandato caducado.

El 11 de julio, comenzaron los primeros movimientos del sector conservador del CGPJ en contra del plan del Gobierno. Los diez miembros de la parte conservadora votaron a favor de pedir al Congreso de los Diputados, que les permitieran hacer un informe sobre la reforma. Los siete magistrados progresistas cuestionaron que se pudiese cambiar la ley para poder permitir las propias designaciones del Constitucional, y no del propio Supremo, donde las vacantes se seguían acumulando sin poder cubrirlas.

También ese mismo día, el Partido Popular rompió las negociaciones con el Gobierno sobre el poder judicial.Los magistrados conservadores argumentaron, que era “imposible” no llegar a los acuerdos con el Gobierno, si mantenía la reforma que permitiera elegir a sus propios dos magistrados del Constitucional.

Luego, 21 de julio. De 2022, el presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial, Carlos Lesmes, convoco un pleno para el pasado 8 de septiembre de 2022, para poder debatir el nombramiento de los magistrados del Constitucional. Este les pidió a los vocales que se pusiesen de acuerdo sobre los dos candidatos para poder reunir el mínimo de los 12 votos necesarios.  

Después de todo esto, el 6 de septiembre, el bloqueo conservador consumió su amenaza, ya que ocho de los diez vocales, que habían sido elegidos a propuesta del PP, acordaron bloquear la designación de los dos magistrados. También, pactaron rechazar hablar de los nombres en el pleno del 8 de septiembre.

Un día antes de la convocatoria del pleno, el 7 de septiembre, el Grupo Popular, pidió poder renovar a la misma vez el CGPJ y el Constitucional. Pese a que, en la Constitución establece que este tercio corresponde al Ejecutivo y al CGPJ.

El día del pleno, el 8 de septiembre, el nombramiento se aplazaron sin “sine die”. Ya que no estaban de acuerdo al respecto de las designaciones de los aspirantes, y se emplazaban a iniciar las negociaciones a través de los interlocutores, y sin una fecha límite.

La fecha límite se rebasa el 13 de septiembre, es decir, el plazo fijado en la ley se cumple sin que los vocales del Poder Judicial, hayan elegido a los dos magistrados del Constitucional. El Gobierno español afirmó que no nombraría a los suyos hasta que lo hiciese el órgano de gobierno de los jueces. De esta manera, se retrasaría el cambio de la mayoría conservadora por la otra progresista en el Constitucional.

Este cambio de rumbo, cuando el 29 de noviembre, en rueda de prensa, El Gobierno designó a los magistrados sin esperar al CGPJ. El Consejo de ministros señaló a Juan Carlos Campo, el exministro de Justicia, y Laura Díez, quien había sido directora general de Asuntos Constitucionales, y de Coordinación Jurídica del Ministerio de Presidencia. Esta decisión se realizó, para que aumentase la presión sobre el CGPJ,

Pese a la presión en la que se encontraban, el acuerdo entre los conservadores y progresistas, el acuerdo parecía imposible. Y en otro intento de renovación, el 6 de diciembre, el Gobierno dio otro paso legislativo para poder intentar acabar con el bloqueo, cambiando así las leyes que establecen como se nombran a los magistrados del Tribunal de garantías. Esta reforma, debía ejecutarse a través de dos enmiendas a la reforma del Código Penal, la cual, se tramitaba en el Congreso de urgencia.

Pero esto tuvo consecuencias, ya que unos días más tarde, el 19 de diciembre, el Parlamento se vio amordazado, puesto que, por eso, reforma exprés que había sido planteada por el Gobierno para el desbloqueo, paso a una votación al congreso con un gran margen a favor. El PP impuso un recurso, por eso el propio Tribunal de garantías decidió que, por primera vez en su historia, intervenir en la tramitación de una ley que iba a ser revisada por el Parlamento.

Al final, después de más de cuatro meses de haberse superado la fecha límite que había sido impuesta por la ley, el Pleno del Consejo General del Poder Judicial alcanzaron un acuerdo el 27 de diciembre, por unanimidad para poder designar a los magistrados del TC, María Luisa Segoviano y César Tolosa. 

Este desbloqueo se producía a la cesión de los vocales progresía, quienes habían aceptado a los dos nuevos magistrados sean propuestos por los vocales conservadores, los cuales, sus nombramientos, estaban congelados.  

 

  

       Efectos mediáticos

Los medios de comunicación en España han mostrado un gran interés en la actual crisis institucional que se ha establecido en el país. Han realizado un seguimiento exhaustivo del proceso de renovación y de las posturas de los partidos políticos y los miembros del Consejo General del Poder Judicial. Aunque la información ha sido crítica en general, destacando la necesidad urgente de una renovación del Consejo, algunos medios también han señalado la falta de acuerdo entre los partidos políticos como el principal obstáculo para lograrla. 

Durante este período, se han presentado diversas propuestas para poner fin a la crisis, incluyendo la reforma de la Constitución para cambiar el sistema de elección de los miembros del Consejo. Sin embargo, no ha habido una unidad completa en los mensajes, ya que algunos medios y actores han defendido posturas diferentes para resolver la crisis. 

Los principales portavoces desde la institución han sido los miembros de los partidos políticos, incluyendo el PP, PSOE, PODEMOS, así como organizaciones sociales como asociaciones de jueces y magistrados, y sindicatos.